Los recientes eventos electorales para elegir al titular del Poder Ejecutivo Federal tenidos en toda la nación y particularmente los habidos en nuestra entidad federativa, Campeche, para elegir presidentes municipales, así como también legisladores federales y estatales, forman parte de lo que llamamos democracia. Un alto porcentaje de ciudadanos acudió a las urnas a emitir su voto y con base en procedimientos democráticos, cuya aplicabilidad hemos testificado, ese voto cuenta y se cuenta, cuando así se ha requerido.

Atrás quedó la época del partido único que de facto convertía los comicios en mero ritual para legitimar decisiones “democráticas” ya tomadas.

Mucho hemos avanzado, la democracia representativa conquistada no es poca cosa; sin embargo, aún persisten serios problemas que minan su legitimidad, de los cuales voy a comentar algunos.

Primero, en algunas entidades federativas se vician los procesos, para convertir, los resultados de las elecciones, en botín y patrimonio de modernos caciques y líderes disciplinados al poder ejecutivo y así provocan la concentración y centralización del poder en un partido, y más que eso, en las manos de unos cuantos.

En segundo lugar, en una sociedad donde la mayoría está sometida a una desigualdad económica radical, o a una discriminación permanente y profunda, donde su poder y derecho de elegir, se ejerce, no por el candidato o partido de su preferencia, sino, por el que le ofrezca la posibilidad de ver en sus manos una economía, aunque sea momentánea, que aligere su ancestral pobreza. Hecho que capitalizan a su favor, los partidos políticos, unos más que otros.

Junto a estos problemas, de por sí gravísimos, tenemos el de los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión que ha llegado a adquirir un poder decisivo para las campañas electorales. Partidos políticos y candidatos −aunque no es necesario que ya lo sean, mediante sumas y compromisos estratosféricos las televisoras pueden convertirlos−, negocian con ellos, ofreciéndoles a cambio subordinación y jugosas ganancias a cambio de que ofrezcan, “vendan” la imagen de un “idóneo” candidato con los más baratos trucos de mercadotecnia.

Si a esto agregamos el hecho de que en algunos ámbitos estatales, con más frecuencia de lo que se piensa, las elecciones no son un instrumento eficaz para que la ciudadanía elija verdaderamente a sus cercanos representantes e incluso a los de representación federal, sino que son convertidas en un medio para sancionar formalmente una decisión tomada por una cúpula política, está por demás insistir, y sin embargo, lo hago, el panorama enunciado tiende a reblandecer los cimientos de la democracia y no aseguran procesos electorales confiables. Así, los resultados pueden considerarse legales, mas no los procesos ya que incumplen las condiciones de la democracia política.

Uno de los elementos conformadores de la democracia es la atribución de la capacidad, derecho y obligación, a cada ciudadano de un voto, es decir de una cuota igualitaria para participar en los procesos de decisión política y aunque no es el elemento fundamental, es el presupuesto indispensable del concepto mismo de democracia. Es decir, la democracia no se reduce a las prácticas electorales pero se refleja muy bien en ellas.

Cuando se vician los procesos electorales, pierden su función para determinar con precisión cuál de los aspirantes cuenta con mayor apoyo ciudadano, y, se centran en derramas económicas entre el electorado que más necesidades tiene, se corrompe el proceso y el posible elector es convertido en un voto clientelar.

Contamos con un organismo –el IFE−, creado en 1990, −o los institutos electorales en los estados, en el caso de Campeche, el IEC−, cuya misión consiste en contribuir al desarrollo de la vida democrática garantizando el derecho político electoral de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática, además, con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en estos momentos se encuentra ante la situación de tener que resolver la impugnación de resultados de las elecciones para Presidente de la República, y que fuera presentada por el partido de izquierda. La tarea encomendada de validar o no la elección, basada en el fundamento de exceso de gastos en la campaña, no es fácil.

Estamos, quiérase o no, ante un conflicto poselectoral cuyo medio de manifestación son fundamentalmente las redes sociales y cuyo núcleo de protesta es la mercantilización de que fuera objeto el proceso electoral. Algunas voces expresan que sólo se trató de una promoción y cuando se presentaron algunas de las pruebas tendientes a demostrar la mercantilización asumida por un partido político, dicen que es un espectáculo de corral y las escenas, ridículas. Ridícula es la situación desde sus causales y lo cierto es que todo lo vivido en esta elección −más que en otras ya vividas−, produce un desencanto entre la ciudadanía pensante. Estamos ante una democracia cuestionada, erosionada, y que podría tener implicaciones muy fuertes para la impase; habla de la necesidad de revisar e implementar un mejor sistema legal electoral pues la experiencia en los eventos vividos así lo reclama. Pongamos ejemplos alusivos. Se enuncia que las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los contendientes de modo que sean sus propios méritos políticos los que decidan el veredicto; o que el partido en el poder no podrá echar mano de los recursos del Estado para promover la elección de ningún candidato; ambas situaciones se incumplen de una u otra manera. Secreto a voces es la inversión que hacen los ejecutivos estatales al respecto, y los Institutos u organismos aludidos, se mantuvieron al margen de cualquier intervención, ¿motivos? Puede haber muchos, mismos que necesitan ser analizados, si se quieren, realmente, procesos limpios y realmente democráticos.

La democracia en México, en esta faceta como en muchas otras, sigue siendo una asignatura pendiente. Se hace necesaria la participación ciudadana, decidida y ecuánime para ser alcanzada en mayor grado, decidámonos a actuar con base a derecho.