El corazón de Ah' Canul - 23
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La Iglesia y el Estado Mexicano
Estela Hernández Sandoval
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Una buena parte de la población del Estado Mexicano se ha visto conmocionada ante eventos que corroboran las relaciones cada vez más estrechas y crecientes entre el clero y los políticos en el poder.

La experiencia de vida, aunada a la histórica, nos ha demostrado que los estamentos de la iglesia son políticos, no religiosos y así ha quedado expuesto a lo largo de nuestra vida social con base a esta visión hacen política desde todos los ángulos y si hay algo que haga decrecer su poder, disimulada o abiertamente buscan la forma de empoderarse y arremeten contra quien se les oponga o represente un peligro para sus fines, hacen tratos con quien los tengan que hacer o usan el púlpito real y también el virtual para convencer a su grey. Sirva como ejemplo de esta afirmación lo publicado en la página de internet de la Arquidiócesis Primada de México en la que se pide que “los fieles católicos deben tener claridad” para luego añadir: “No es posible hacer una opción política por quienes son partidarios o promotores de falsos derechos y libertades que atentan contra las enseñanzas contenidas en la Sagrada Escritura”. ¿Hacer proselitismo a favor o en contra de un partido político es la tarea que corresponde a la iglesia?

Algunos de los movimientos sociales acaecidos en los primeros meses que han transcurrido en el presente año 2012, son consecuentes de la posición asumida por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que aprobara el 15 de diciembre del 2011, de forma apresurada y en lo oscurito, reformas al artículo 24 constitucional tendiente, presuntamente, a “ampliar la libertad religiosa”. Las corrientes manifestantes representan a grupos conscientes de lo que esto implica para la sana convivencia de nuestro país, sumergido, hoy por hoy, en una ola de violencia derivada de otros causales que en este momento quedan fuera de análisis, ellos han venido declarando su rechazo, inconformidad y repudio a la reforma mencionada y enviada a la Cámara de Senadores. Los hemos visto en marchas, escuchado en foros, conferencias, reflexiones, etc., en torno a este tenor. Tales expresiones no son en contra de la religión y menos en contra de la católica, hablan únicamente que debe conservarse la separación Iglesia – Estado, y preservarse el Estado Laico.

En estos días, 23, 24 y 25 de marzo, está de visita en México, específicamente en Guanajuato, el Papa Benedicto XVI, −pese a protestas por su presencia en suelo patrio−, y, el Presidente de la República dialogará con él en un encuentro privado, sobre reformas a la ley en materia religiosa; nos ha quedado muy claro el acendrado catolicismo presidencial, y, se ha vuelto costumbre, aunque algunos refunfuñemos al respecto, que en todos los niveles y rincones de la Patria, funcionarios, −de cualquier partido, para el caso es lo mismo−, hagan gala de su catolicismo y no sólo en actos que pudiesen ser considerados personales sino como funcionarios y han sido ellos, incluyendo a los del supuesto partido emanado de la Revolución y por ello lo incluyen en su nombre, quienes, en contubernio, han abierto la puerta para que la iglesia incursione, de nuevo, en terrenos perdidos para la misma tiempo ha. Todo ello, lógicamente, a cambio de prebendas mutuas.

Cabría recordar que el laicismo es un principio de la democracia. El laicismo vela por la inclusión y no por la exclusión o discriminación. Ciertamente que el pueblo de México es mayoritariamente católico, pero no todos los mexicanos son practicantes de este credo religioso, por lo tanto, reformar el artículo 24 es negar la libertad religiosa.

La iglesia aboga por una libertad religiosa, entendiéndola como libertad para poder usar diversos espacios para predicar religión. Aduciendo que es un derecho humano, quieren hacerlo incluso en las aulas, de educación básica por supuesto. Pretenden ejercer tutela espiritual, que se traduce y se han traducido a través de los siglos, en control de conciencias.

Ciertamente toda persona debe gozar de esa libertad inalienable, sólo que, por esto mismo no debe impartirse religión en la escuela pública, si se constituye en la norma, sería una total violación al derecho que tanto proclaman. De tal evento resultaría una serie de conflictos debido a la intolerancia a la diversidad, entre otros, además que se violentaría el criterio del artículo 3º. Constitucional relativo que la educación básica “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”…

Dejemos que las escuelas privadas, si así lo desean, impartan religión y que los padres de familia paguen si quieren ese tipo de educación o que envíen a sus hijos a los espacios que la iglesia organiza para el dicho fin, pero permitirlo en las escuelas públicas es un atentado a las garantías individuales. No permitamos, por ningún motivo, que eso suceda.