Parto de que el hecho migratorio es una realidad en un mundo cada día más globalizado. Con referencia a España, que ha pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigración, esta adquiere tal dimensión que los poderes públicos han tenido que adaptar su normativa reguladora continuamente, también a la generada por la Unión Europea, y desarrollar actuaciones concretas ante los diversos frentes presentados. En este sentido, creo que un gran avance ha sido la firma del Pacto Europeo sobre inmigración y Asilo, refrendado en el Consejo Europeo de 16 de octubre de 2008 por los 27 países miembros, en el cual se establecen como principales objetivos conseguir una inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes legales mediante un equilibrio de derechos y deberes. Fuera de las instituciones, de todos es conocido que este país tiene una trayectoria innata tras de sí, de acoger y dar cobijo a los necesitados. Dicho lo anterior, considero también que las diversas administraciones, salvo muy raras excepciones, tampoco suelen escatimar esfuerzos a la hora de favorecer la plena integración de los inmigrantes, con una apuesta decidida por el sencillo arte de vivir y de poder convivir como personas civilizadas.

Es cierto que cualquier inmigrante, como persona que es, tiene una primera necesidad de que se le escuche, de que se le estime y considere, de que se le tenga en cuenta como ciudadano en cualquier país de acogida. No en vano, España acaba de incorporar con la nueva ley orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, Directivas europeas, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, medidas que han de ir en beneficio de esa realidad migratoria cueste lo que cueste. De ninguna manera la crisis debe afectar a los más desvalidos y los inmigrantes en su mayoría lo son. Ahora bien, es de justicia que junto a ese marco amplio de derechos y libertades que han de tener los extranjeros afincados legalmente en nuestro país, también se aumente la eficacia de la lucha contra esta otra inmigración irregular que trafica con personas humanas. Perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, –como recoge la nueva ley-, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo, me parece que también es un acto, tan preciso, como justo y necesario. De todos es sabido que es preciso frenar la inmigración ilegal, si bien la condición de irregularidad legal no debe menoscabar en ningún caso la dignidad del emigrante. Pienso que ha llegado el momento oportuno de que la cooperación internacional adopte medidas contundentes contra las mafias que explotan la expatriación de los clandestinos y, asimismo, debe ayudar a promover estabilidades de gobiernos al servicio de los ciudadanos y a superar el subdesarrollo. Porque no es de recibo tampoco, condenar a muerte a quienes se lanzan a la aventura migratoria para encontrar mejor calidad de vida para sí y los suyos.

Por otra parte, pienso que nunca está demás seguir avanzando en reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración, salvaguardando un marco de convivencia de identidades y culturas, sin otro límite que el respeto al ordenamiento jurídico. Aunque sinceramente, en relación a este tema, opino que actualmente la integración social de los extranjeros en España es bastante óptima, si acaso con mínimas reservas. En todo caso, la ley le va a proteger y le va a dar seguridad jurídica como a cualquier ciudadano de pleno derecho. Además, observo que cada día es más frecuente la actuación de administraciones más cercanas al ciudadano, como son los Ayuntamientos o Diputaciones, el propiciar actividades culturales o lúdicas, en el que converjan diversos lenguajes y divertimentos acordes con la ciudadanía del barrio. De igual modo, es un gran avance que se promuevan políticas, reglamentos y prácticas migratorias que fomenten la unidad familiar. Tengamos en cuenta que somos diferentes, cada persona es un mundo que se dice, pero no debemos ser desiguales, porque realmente todos somos necesarios para este planeta.

De ahora en adelante van a seguir correspondiendo al gobierno de la nación, su regulación y desarrollo de la política de inmigración, pero también van a asumir competencias nuevas las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. La inmigración no debe ser ajena a ningún poder público español; yo esto mismo lo haría extensivo a una autoridad mundial, puesto que la misma persecución de la trata de seres humanos no se puede parar, sino es con el unísono compromiso de todas las naciones en la lucha, porque es una cuestión de justicia internacional impostergable. A mi juicio, esta es la gran esclavitud del siglo XXI, el alarmante aumento de la compraventa humana vinculada al proceso de globalización. En esto hay que tener tolerancia cero, si no queremos que el paraíso de las mafias se extienda. Sin embargo, el fenómeno de la migración que es tan antiguo como el ser humano; quizá deba verse en él un signo donde se vislumbra que nuestra vida en este mundo es un camino de vueltas y revueltas, de idas y venidas. Por ello, que las normativas cambien y se adapten a las situaciones tantas veces como sea necesario, me parece algo saludable, de avance social y democrático de derecho. España lo viene haciendo con frecuencia y estimo que, con grandes aciertos, por parte del legislador. Otra cuestión es que luego esa legislación se aplique mal, se politice o no se considere.