Marco Tulio Cicerón, considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la Roma antigua, así como el mayor y más influyente de los oradores romanos y un hombre de letras en su integridad, dijo en su tiempo que “la ley suprema es el bien del pueblo”. Yo también lo pienso así. Creo que hay que legislar para la convivencia más allá de las diferencias étnicas y, en este sentido, considero la supremacía del derecho natural como la llave ideal para abrir la multitud de cerrojos ubicados en las diversas fronteras y frentes que los humanos hemos alzado, unas veces por despecho y otras por odio. En todo caso, refrendo que no se puede legislar contra natura. Una concepción auténtica del derecho natural, entendido como tutela de la eminente e inalienable dignidad de todo ser humano, deben saber los legisladores que es garantía de igualdad y da contenido verdadero a los derechos humanos.

Puesto a observar el cauce de actividad legislativa actual de los distintos gobiernos autonómicos y estatal, hay dos cuestiones que uno percibe a poco que reflexione y mire: en primer lugar, lo mucho legislado y la falta de sintonía y de una misma dirección entre órganos legislativos/ ejecutivos, llegando incluso en ocasiones a generar un clima de división con el mismo pueblo; por otro lado, no pocas veces se legisla más por el interés político (pensando en los votantes), que por asistencia y amparo a esa ciudadanía globalizada. Esa es la sensación que yo tengo. Por lo pronto, ahí están una multitud de leyes innecesarias, inútiles, metidas con calzador, sin apenas consenso alguno, debilitando a las necesarias, junto a otras que crispan más que solucionan. Dictar normas “partidistas”, por el gobierno de turno, está a la orden del día, muchos antes que gobernar para todos consensuadamente. Ahí está el mérito, gobernar con la aprobación y el pacto del mayor número de pluralidades políticas. Hay derechos como el de la educación, sanidad, terrorismo, migración, medio ambiente…; que hace tiempo lo vienen exigiendo por razones obvias.

La ley partidista, como la disconformidad permanente entre partidos que deben entenderse, es un mal para el pueblo. Precisamente, en los últimos tiempos se ha agravado la falta de acuerdo y no ha sido posible llevar a buen término leyes que son una necesidad. Pero si de divergencias se trata, la legislatura de Zapatero ha levantado nuevos frentes que parecían olvidados como ha sido el revisionismo histórico o la ley de memoria histórica que ha enfrentado a gobierno y oposición, unos por considerar que de esta forma se hacía justicia a los perdedores de la guerra civil y otros por entender que se traicionaba el espíritu de la transición democrática. Lo cierto es que la fricción ha existido.  De igual modo, se han dictado leyes consideradas en su mayoría por el pueblo católico (mayoría en España) como una embestida a los principios morales tradicionales. Así, la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, la nueva asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, la ley de Reproducción asistida o la agilización de los trámites del divorcio, la falta de una verdadera protección normativa a la familia y a la infancia (no migajas), son ejemplos actuales de normas que agrian convivencias llegando a fragmentar al pueblo.

La solución ahora no debe pasar por derogar sin más lo realizado por este gobierno, el de Zapatero, en el hipotético caso de que la oposición gobernase en los próximos años. Sería otro mal. El ojo por ojo y diente por diente nunca será la remedio. Lo democráticamente saludable para que la indisoluble unidad de la Nación salga reforzada, pasa por crear una atmósfera de solidaridad e integración de todo el arco parlamentario, para llegar al mayor consenso posible en cuanto a decisiones legislativas, sobre todo en aquellas leyes relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos, cultura y tradiciones, lenguas e instituciones. Legislar por legislar de nada sirve. Una norma bien defendida, o sea bien consensuada, será una norma justa o sea bien servida. La ley humana en efecto, si es ecuánime, no está nunca contra, sino al servicio de la libertad. Esto lo había intuido ya el sabio pagano, cuando sentenciaba: “Legum servi sumus, ut liberi esse possimus”- “Somos siervos de la ley, para poder ser libres” (Cic., De legibus, II, 13).

Para que el bien del pueblo se injerte en la ley, sin duda, hace falta vivir el compromiso político como un servicio, libre de ataduras partidistas, lo que exige una ética en el desarrollo del propio deber y una moralidad a toda prueba en la gestión. A mi juicio, pienso que es necesario redescubrir a ese pueblo soberano y hacerle partícipe, implicando en mayor medida a los ciudadanos, y sobre todo a sus representantes que tienen el mandato parlamentario, en la búsqueda de vías oportunas, desde el diálogo permanente y la mano tendida, para avanzar hacia una realización siempre más satisfactoria del bien común. De entrada, tenemos una buena ley de leyes, nacida del consenso, para que el bien del pueblo jamás se ponga en entredicho. Para empezar todos estamos sujetos a ella. El presente es para los legisladores, que han de continuar por esa línea, promoviendo la integración por la vía de unidad de todos los ciudadanos y facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social. El futuro como siempre será del pueblo.